La radicalización de las ideas políticas termina en pirotecnia discursiva que no está siendo constructiva para enfrentar los grandes desafíos económicos. Las posiciones extremas son muy potentes transmitiendo mensajes, pero se alejan del necesario pragmatismo para resolver problemas concretos. Por caso, no se puede castigar al sistema financiero y pretender convivir con cuentas fiscales en rojo, porque es el mismo sector que debería aportar el crédito para financiar la brecha entre gastos e ingresos.
La Argentina está forzada a reducir el déficit fiscal porque no tienen mercado de capitales y rompió todos los puentes con el financiamiento externo. De hecho, muchos países conviven con déficit fiscal pero no emiten moneda para financiar al fisco porque tienen un mercado financiero desarrollado. Esta lógica también se extiende al sector privado, los niveles de inversión son bajísimos porque no hay crédito abundante en condiciones lógicas. Lamentablemente muchos dirigentes no entienden esta relación, critican y castigan al mercado de capitales y padecen una restricción financiera creciente que ellos mismos contribuyen a generar, a veces desde el discurso, a veces a través de políticas que van en contra de mercado financiero. Cuánto más elevada podría ser la inversión pública si la Argentina contara con un mercado de capitales desarrollado y profundo.
Sólo por citar ejemplos, tomemos el nivel de depósitos de la Argentina: el mismo se ubica en 21% del PBI y es por lejos el más bajo de América Latina y entre los más pequeños del mundo, comparable con países africanos. Para dar una idea, lo supera México con 27%, Ecuador con 39%, Perú con 46%, Brasil con 52% y muy lejos están Bolivia con 70% y Chile con 78%. El promedio mundial se ubica en torno de 50%. El nivel de dolarización extremo, las sucesivas crisis de deuda y la elevada y la persistente inflación son los principales condicionantes que afectan la capacidad de ahorro del país en su moneda.
En consecuencia, es escaso el crédito y los depósitos de empresas y personas se usan básicamente para financiar al Banco Central (Leliq) o al Tesoro (Bonos en pesos para cubrir parcialmente el déficit fiscal). Esto nos lleva a pensar que el nivel de déficit posible para la Argentina depende del nivel de desarrollo financiero que, a su vez, depende fuertemente del nivel de inflación.
Virtualmente, la Argentina se encuentra en una trampa: tiene un déficit fiscal alto que requiere emisión monetaria para financiarla porque tiene un mercado de capitales chico. A la vez, esto genera inflación e impide que el mercado de capitales se desarrolle. Lógicamente, la solución entonces pasa por reducir el déficit y simultáneamente agrandar el mercado. Algo que no luce difícil porque el punto de partida es particularmente bajo. A la luz de esta reflexión cobra sentido el pedido del FMI de reducir el déficit fiscal manteniendo tasas de interés positivas, que ofrecen a los ahorristas un rendimiento de sus depósitos por encima de la inflación.
Es en este marco que entra en contradicción la visión de un sector del oficialismo que busca evitar el ajuste fiscal pero denosta al mercado de capitales. Nadie olvida el impacto del gravamen a la renta financiera a fines de 2017 impulsado en ese momento por el espacio de Sergio Massa. En la misma dirección podemos ubicar el reperfilamiento de la deuda en pesos luego de la corrida cambiaria de 2019. Como vemos, el problema en mayor o menor medida compromete a todo el arco político que no internaliza que un mercado de capitales robusto permite financiar mayores niveles de déficit. Puesto en otros términos, el mercado financiero bien entendido es parte de la solución y no del problema.
Alguna señal en la dirección correcta es el programa de Creadores de Mercado (que ya había iniciado la gestión de Cambiemos y de la mano del propio FMI) para dar mayor profundidad a las colocaciones de deuda del Tesoro Nacional y de provincias. En el mismo sentido apunta la disposición que permite que los bancos incrementen su exposición al sector público permitiendo contabilizar títulos públicos como encajes, pero a la vez otorgando garantía del Banco Central para no exponer al sistema financiero como ocurrió en más de una oportunidad.
Achicar el déficit fiscal es difícil, porque la presión impositiva ya es alta y porque 60% del gasto está indexado por inflación. Las otras partidas también son difíciles de reducir rápidamente ya sea porque son inflacionarias (subsidios) o porque implican «sacarle el banquito» a la actividad (obra pública). Es entonces todo un desafío acotar el rojo en las cuentas públicas sin afectar el crecimiento y con menor inflación. Alternativamente es posible plantear un horizonte con algo más de estabilidad apostando al desarrollo del mercado financiero. El Gobierno ha captado 1,5% del PBI en términos de financiamiento neto, algo que espera repetir en 2022 favorecido por la continuidad del cepo.
El año próximo cerrará con una inflación superior a la de 2021 si se corrigen algunos desequilibrios como el atraso cambiario y precios regulados de servicios públicos. Pero ordenar estos precios relativos en un marco de consolidación fiscal y reducción de la brecha es un buen punto de partida para pensar en un programa plurianual que tienda a estabilizar la macro, no porque lo pida el FMI, sino porque es imprescindible. Todo tiene que estar apoyado en el financiamiento no monetario del déficit durante la transición y para eso es necesario ampliar el mercado financiero local.
Tanto el FMI como la oposición y buena parte del oficialismo entendieron que hay que achicar el rojo fiscal y que el ajuste no puede ser de un día para el otro. Es un punto clave, pero no pareciera haber consenso sobre el cómo, ni siquiera dentro del propio espacio oficialista. Tal vez la consolidación de un mercado de crédito propio puede constituir un punto de partida que aúne la visión de los espacios políticos relevantes y se transforme en una política de Estado deseable.
