El impacto de una inminente suba del tipo de cambio oficial acapara la atención sobre los riesgo del escenario económico que viene. Sin embargo, vale poner el foco sobre una dinámica cuyas consecuencias sobre la inflación se asemejan a las de otra devaluación: corregir los precios regulados.
Se trata de componentes que en su conjunto explican aproximadamente un quinto de la canasta del IPC.
En las últimas participaciones en este medio vengo señalando que el FMI pide un ajuste cambiario de al menos 15% en términos reales o alrededor de 30% en términos nominales como parte del ordenamiento macroeconómico.
Este año a pesar de ser récord histórico en términos de intercambio prácticamente no se acumularon reservas internacionales, condición necesaria para aspirar a cumplir con los compromisos de deuda externos. Hacia delante está claro que el gobierno no puede seguir utilizando el tipo de cambio como ancla.
Ahora bien, si a la devaluación oficial se le suma la corrección de los precios regulados, el resultado sobre la inflación enciende todas las alertas.
Precios y subsidios
La suma de correcciones podría resultar explosiva. Gran parte de la necesidad de ajuste de los precios regulados (electricidad, gas y transporte) tiene por objetivo reducir la mochila de subsidios en la cuentas públicas.
Bajar el déficit es imperativo en un marco donde el FMI exige austeridad, no hay financiamiento externo privado y el mercado interno es chico y está saturado.
Otra parte de la corrección tiene origen en los topes que puso el gobierno a precios de bienes y servicios públicos regulados como combustibles, salud, comunicación, educación y otros componentes de la canasta que requieren de su actualización para poder funcionar con relativa normalidad.
Hay cierto margen para actualizar las tarifas a partir de un buen trabajo de segmentación que permita moderar su impacto sobre el IPC.
Esta pareciera ser el camino elegido por el Ministro de Economía. Dado el pequeño peso que tiene el consumo de servicios públicos en la canasta de los sectores con mayores ingresos, sobrecargar el ajuste en estos sectores puede acotar el traslado al nivel general de precios.
Problemas
En otros términos, un ajuste inteligente de tarifas de servicios públicos puede ser un gran logro porque podría además moderar el costo social del ajuste.
De todas formas estas inminentes correcciones son un problema cuando el punto de partida es una inflación que supera 50%, luego de un año en el cual el salario no le ganó a la inflación como fue prometido.
Si el tipo de cambio tiene que superar la suba promedio de los precios para mejorar la competitividad cambiaria y los precios regulados tienen que superar al IPC para actualizar las tarifas ¿cuál será el ancla inflacionaria en 2022?
La alternativa posiblemente sean los salarios y jubilaciones. Un doble problema por su elevado costo político para un gobierno que viene de perder las elecciones de medio término y porque los ingresos son el principal motor de la economía.
¿Por qué sería distinto?
Desde 2010 nunca hubo crecimiento económico en años no electorales básicamente porque este tipo de ajuste se realiza luego de los comicios. ¿Por qué esta vez sería distinto?
Este año posiblemente culmine con un nivel de actividad por encima del promedio, dejando un arrastre estadístico para 2022 superior al 2%.
Sobre esa base, el gobierno proyecta un crecimiento de 2 p.p. más para poder llegar al 4% presupuestado. Luce poco probable.
Respecto del este gran problema de nominalidad, la pregunta es si las correcciones se harán en cuotas o si habrá saltos discretos.
Lo más probables es que se opte por una o dos correcciones significativas del tipo de cambio oficial para moderar la necesidad de aumentar la tasa de interés. Una podría ocurrir en diciembre, para mejorar el balance del Banco Central a fin de año y llegar con mayores utilidades para el año que viene, posibilitando a su vez un mayor nivel de financiamiento al Tesoro Nacional.
Otra podría llegar antes de abril, amortiguada por el ingreso de divisas de los chacareros que liquidan la cosecha de soja.
La única forma de «calmar la economía» es planteando un camino creíble de desinflación acompasada, con salarios, precios regulados y tipo de cambio que puedan moverse en relativa armonía. No hay otra forma de bajar las expectativas de inflación y de devaluación.
El problema de fondo es que una inflación de 50% como punto de partida deja un escasísimo margen de error para el diseño y la implementación del necesario plan de estabilización.
El desafío es aun mayor para un gobierno con mínimo margen para absorber mayores costos políticos. ¿Se logrará ese necesario equilibrio de filo de navaja?. Pronto lo veremos.
