En mis inicios profesionales uno de los más prestigiosos economistas argentinos me decía: «Rodrigo, la macro siempre puede aguantar un poco más de lo que indica el Excel». La política encuentra resortes que permiten comprar algo de tiempo, pero cuando llegan las restricciones lo hacen de la peor manera. El «deudicidio» (Sic), en palabras del Presidente, es un exceso más que se suma a una larga lista de equivocaciones que dejan a nuestro país sin herramientas para posponer el ajuste. El ordenamiento que no se encontró de manera independiente ahora llega forzado bajo la necesidad de un acuerdo con el FMI. En tiempos en los que se discute cuánto más expansiva puede ser la política económica de cara a las elecciones de noviembre próximo, no luce inteligente potenciar los desequilibrios en post de algún punto más de rebote en la actividad.
En el Frente de Todos se impuso la visión de que el electorado mostró su descontento por el deterioro del poder adquisitivo de las familias: el Gobierno que venía a poner al país de pie fracasó. Luego de cuestionar que el propio Gobierno viene sobrecumpliendo la meta fiscal (déficit de 4% del PIB), las nuevas medidas impulsadas por el Frente buscan apuntalar los ingresos.
Veamos. Después de la derrota del oficialismo en las PASO se ideó un esquema contable vía DNU para poner en la calle la cuota u$s 4350 millones de DEG que le correspondían a la Argentina y que estaban destinados a pagarle al FMI parte del capital que se le debe.
El Tesoro le gira los DEG al BCRA y obtiene pesos con los que renueva su stock de Adelantos Transitorios. Para afrontar los pagos con el Fondo le pide al Banco Central los dólares a cambio de una Letra Intransferible. Al final de cuentas, la cantidad de reservas que se gastan es la misma, pero aumenta el margen de emisión del Gobierno.
Cuando el Banco Central financia al Tesoro con emisión lo hace a través de dos instrumentos: i) las utilidades generadas por diferencia de patrimonio a fin de año y; ii) los Adelantos Transitorios, que tienen un límite establecido por la Carta Orgánica y cuyo margen permite llegar con lo justo a fin de año si el resultado fiscal estuviera en torno a 3% del PIB. El presupuesto para 2022 enviado al Congreso no da cuenta de que el Central le vaya a girar al Tesoro las utilidades obtenidas este año, posiblemente porque el FMI no se lo permita o esté dentro de los ítems a negociar de cara al año que viene.
Esto dificulta muchísimo el financiamiento del déficit fiscal de 2022 por 3,5% del PIB, donde el planteo es conseguir 1,5 p.p. con deuda en pesos en el mercado doméstico y otro y 2 p.p. con emisión (sólo Adelantos Transitorios). Este umbral es incluso un objetivo exigente; para poner un ejemplo, sólo en este año el financiamiento por mercado acumula 1% del PIB a septiembre.
Entonces, ¿Vale la pena gastar ahora el stock renovado de Adelantos Transitorios? La respuesta implica salirse un poco del corto plazo y pensar, no sólo en el año que viene, sino en 2023, incluso si el objetivo fuese ganar esas elecciones. Es que el año que viene el ajuste (pongo el foco en el fiscal, pero también le cabe al cambiario) va a ser «por el FMI» o «conforme al FMI», pero es inevitable por el sólo hecho de que hay una restricción presupuestaria: sin emisión y con poco crédito doméstico ya no hay fuentes de recursos excedentes. Incluso pensando exclusivamente desde un punto de vista político, el ajuste de 2022 tiene que ser de una magnitud suficiente que genere espacio para una lógica algo más expansiva en 2023.
Ahora por un momento supongamos que el Gobierno quiere revertir el resultado de las PASO con una muy fuerte inyección de recursos. ¿Es posible alcanzar el déficit de 4% presupuestado para este año? Sin gastar los DEG es imposible, porque implica conseguir financiamiento extra de acá a fin de año por 1% del PIB. Algo que luce imposible considerando el ritmo de colocación de deuda en pesos en el mercado doméstico.
Aún así ¿Sería físicamente posible volcar ese volumen de recursos? Para dar una dimensión, dos rondas del IFE de $15.000 para 3 millones de personas equivalen a $ 90.000 millones (0,2% del PIB). También parece difícil de implementar un gasto de 2% del PIB en sólo dos meses.
Y, finalmente, ¿qué podría cambiar en la macro si se vuelca 1 punto de PBI de gasto adicional por mes hasta las elecciones? De poder implementarse, el resultado al que arribaríamos, con toda la buena voluntad, implicaría pasar de un crecimiento proyectado de 8% para este año a 10,3%. Esto es por el impacto del nuevo gasto sobre la actividad económica a través de sus multiplicadores. En otros términos, el Gobierno estaría forzando un deterioro muy significativo en los equilibrios macro a cambio de un poco más de rebote en la actividad económica.
Es natural querer esquivar los ajustes, pero luce muy poco inteligente forzar los desequilibrios sabiendo que el día después de las elecciones hay que negociar con el FMI un proceso de consolidación fiscal y de ordenamiento de la relación del Tesoro con el BCRA. No casualmente el ministro de Economía, Martín Guzmán, frente a las criticas por austeridad del propio frente oficialista, señala que hubo reducción del déficit, pero la política fiscal es expansiva porque los gastos crecen por encima de la inflación. Sabe que es necesario construir espacio y que un gasto descontrolado no hace más que potenciar el ajuste post elecciones de medio término.
A diferencia de Mauricio Macri luego del resultado de las PASO de 2019, a Alberto Fernández le quedan al menos dos años de gestión luego de las elecciones. Mi querido mentor economista tenía razón cuando me decía que los ajustes se pueden demorar algún tiempo, pero es imposible posponerlos dos años. Tal vez el FMI sea el responsable de catalizar ese proceso de ordenamiento que se viene posponiendo desde 2011. Es lamentable que la dirigencia argentina no haya tenido la capacidad para encarar el desafío de manera autónoma mucho antes, y con más recursos. Ahora, con muchas menos herramientas, diremos que nos obligan.
